El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de la Xunta de Galicia contra la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. La resolución se suma a otras siete dictadas sobre esa ley. Conviene mirar qué estaba discutiéndose, porque el fallo abarca cuestiones distintas que afectan a la Administración, a los propietarios y a quienes ocupan una vivienda.
Entre ellas figura la facultad de la administración territorial competente para declarar el incumplimiento de deberes vinculados a la propiedad de la vivienda y para concretar la definición de gran tenedor. El Tribunal considera que esas previsiones encuentran cobertura en la competencia estatal para fijar las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la vivienda.
También examina la reanudación de ciertos procedimientos de desahucio y lanzamientos suspendidos. Cuando la parte actora es un gran tenedor y concurre la situación prevista en la norma, la ley exige intentar previamente la conciliación o la intermediación. El Tribunal entiende que esa exigencia, limitada a supuestos concretos y con límites temporales, no vulnera por sí misma la tutela judicial efectiva ni el derecho de propiedad.
La sentencia resuelve el debate constitucional planteado en este recurso. Su aplicación a un expediente concreto seguirá dependiendo de los hechos, de la condición de las partes y del procedimiento seguido. Esa distancia entre el texto de una resolución y la situación real de cada persona es, precisamente, donde comienza el trabajo jurídico.