La idea de La Rioja parecía sencilla: incentivar que sus residentes iniciasen una actividad agraria mediante una deducción en el IRPF. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula esa deducción. La cuestión estaba en el instrumento elegido.

Las comunidades autónomas pueden establecer determinadas deducciones en el tramo autonómico del IRPF, pero dentro de los límites de la ley que regula la cesión del impuesto. Según explica el Tribunal, el beneficio riojano dependía de empezar una actividad económica. No era una deducción ligada a una circunstancia personal o familiar ni a una inversión ajena a la actividad empresarial. La norma ni siquiera exigía que la nueva actividad se desarrollase en La Rioja.

Así que la sentencia habla de competencias tributarias. El Tribunal aplica criterios que ya había utilizado al examinar deducciones similares para fomentar el autoempleo. Un objetivo público puede resultar defendible y, aun así, requerir otra herramienta jurídica para llevarse a cabo.

La pregunta inmediata de quien ya la aplicó en su declaración tiene respuesta en la propia nota del Tribunal: por razones de seguridad jurídica se limitan los efectos retroactivos de la nulidad y las deducciones ya practicadas no se reclamarán a los contribuyentes.

Fuente de la noticia, publicada el 24 de septiembre de 2026: Tribunal Constitucional, nota informativa 88/2026.
ver la hemeroteca